En los últimos años, las negociaciones internacionales pasaron a contar con nuevos actores para la definición de los rumbos políticos, económicos y sociales en América Latina: Los parlamentos regionales. Con el avance de las tecnologías de comunicación y transporte, se han generado nuevos espacios de intercambio parlamentario sobre cuestiones transnacionales como el cambio climático, el comercio internacional y los derechos humanos por medio de la construcción de consensos y de soluciones conjuntas.
Un ejemplo que ilustra la actuación interparlamentaria en el ámbito internacional es la aprobación de la Resolución sobre Plataformas Digitales en la Economía Moderna por los representantes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), en julio de 2023, en Madrid. El acuerdo tiene como objetivo promover la cooperación y la creación de un mercado único digital entre Europa y Latinoamérica.
La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) es un organismo interparlamentario establecido en junio de 1999 e instalado en 2006 que reúne a representantes de la Unión Europea (UE) y de los parlamentos regionales de América Latina (Parlamento del Mercosur, Parlamento Latinoamericano, Parlamento de América Central y Parlamento Andino). Con reuniones semestrales, la EuroLat está integrada por Comisiones permanentes en las cuales se proponen proyectos de incidencia y abrangencia birregional.
La Resolución sobre las Plataformas Digitales, discutida en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea, hace referencia a regulaciones e informes publicados por instituciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Europea abordando temas como el crecimiento de la economía digital, conectividad, protección de datos y privacidad, competencia y monopolios, brecha digital y derechos de los trabajadores, fiscalidad digital y desarrollo sostenible.
En la parte introductoria, el documento reconoce el crecimiento significativo de la economía digital, destacando la expansión de las plataformas digitales y su contribución al comercio electrónico y al empleo en línea. Asimismo, menciona la importancia de garantizar el acceso a la conectividad en todas las áreas geográficas, especialmente en zonas rurales y remotas. Exhortando, por fin, el desarrollo de infraestructuras digitales y redes de banda ancha de alta velocidad para cumplir con esa finalidad.
Sobre la protección de datos y privacidad, la propuesta aprobada en la EuroLat enfatiza la necesidad de proteger los derechos de los consumidores en el entorno digital estableciendo al Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) como un instrumento de referencia en esta área.
Con relación a los aspectos macro comerciales de las plataformas en la economía digital, los parlamentarios destacaron la importancia de la competencia leal en los mercados y plantearon la necesidad de aplicar normas de competencia para proteger a las pequeñas y medianas empresas frente a operadores con poder de mercado excesivo.
Para cumplir con esa finalidad y garantizar la distribución equitativa de los beneficios del aumento de productividad de las herramientas tecnológicas, la Asamblea birregional insta a la creación de un sistema de tributación para la economía digital y menciona el acuerdo alcanzado en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para abordar la fiscalidad justa, destacando la importancia de coordinar esfuerzos internacionales en este ámbito.
La Resolución prosigue su redacción planteando la importancia de fomentar el desarrollo sostenible de la economía digital, promoviendo la igualdad de oportunidades abarcando las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores en las plataformas digitales y destacando la necesidad de garantizar la protección social adecuada en un contexto de creciente precarización y deslocalización de las relaciones de trabajo.
En cuanto al principio orientador de la centralidad humana, el borrador presentado en la Comisión de Asuntos Económicos de la EuroLat no lo había mencionado explícitamente. Cabe señalar su mención en instrumentos de referencia como el GPDR europeo así como en la Declaración del Centenario de la OIT sobre el Futuro del Trabajo. Antecedentes importantes que no se habían tomado en cuenta en la redacción de la propuesta inicial de la Resolución.
En ese sentido, la Delegación del Parlamento del Mercosur propuso la inserción del enfoque de la centralidad humana en el documento teniendo en cuenta la importancia de ese principio y derecho fundamental para la orientación de negociaciones colectivas en temas relacionados al manejo de las herramientas de gestión algorítmica así como a sus respectivos impactos en el mundo del trabajo.
Las plataformas fueron, son y serán un laboratorio de aplicación de herramientas digitales de control y gestión. La centralidad humana, en ese contexto, está vinculada a otro axioma orientador: el de la transparencia algorítmica. Es un imperativo para el movimiento sindical conocer y negociar los criterios de programación algorítmica buscando identificar los posibles sesgos, limitando la aplicación abusiva de esos mecanismos generando un mayor grado de protección a las y los trabajadores.
En un mundo donde la economía digital desconoce límites geográficos y las empresas transnacionales aprovechan lagunas de regulación, los representantes de los parlamentos nacionales y regionales, pueden y deben desarrollar medidas destinadas a garantizar la mejor distribución de los beneficios de la utilización de las tecnologías emergentes.
Los organismos y reuniones multilaterales adoptan decisiones que afectan a la comunidad internacional, pero, en general, carecen de una representación equitativa y de espacios participativos que incluyan a las urgencias de los pueblos, especialmente en cuestiones complejas como la regulación de la economía digital. Es necesario que los parlamentarios compartan las instancias de formulación con los movimientos sociales y garanticen mecanismos de monitoreo y de participación ciudadana directa para asegurar la legitimidad y eficacia de las propuestas regulatorias por ellos presentadas.
Por esas razones, es fundamental el mapeo de las instancias de elaboración de los marcos normativos, como las Comisiones y Grupos Parlamentarios, por parte de los movimientos sociales para participar y exigir que el proceso de digitalización de la economía observe los estándares comunes relacionados a los principios de transparencia y de centralidad humana. Los derechos fundamentales contemporáneos también se conquistan en esos espacios de Construcción colectiva.
